Proposiciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista.
Pronto se va a cumplir el año de la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, más conocida en la vida cotidiana como Ley de Dependencia, y que sin duda es uno de los pilares fundamentales de un estado de bienestar social, impulsada desde el gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta ley le encarga a las Comunidades Autónomas la tarea de gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia, así como la de aportar a la Administración del Estado la información necesaria para la aplicación de los criterios de financiación previstos en el texto legal. Desde el 1 de enero de 2007 tienen derecho a recibir las ayudas de la ley aquellas personas que sean valoradas por los técnicos de la Comunidad Autónoma con un Grado III, es decir, que se les clasifique como personas de Gran Dependencia. En Abanilla hay muchas personas que han solicitado la ayuda pero que no han sido valoradas, lo que sin duda es una dejadez por parte de la Administración autonómica murciana, ya que al día de la fecha no están valoradas las personas solicitantes de la ayuda y en consecuencia, no se ha podido remitir a la Administración del Estado la información que se exige. Por ello el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno municipal de Abanilla una proposición para que por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia se aceleren al máximo las valoraciones de las personas solicitantes de las ayudas, remitiendo de inmediato los expedientes al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que de esta manera lleguen las ayudas a nuestro municipio lo antes posible.
Comienza la defensa de la propuesta la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, indicando que el Presidente del Gobierno dice que “la auténtica riqueza de una sociedad es la que mide el bienestar social de los ciudadanos”.
No cabe duda que el gobierno socialista ha dado respuesta a una reivindicación histórica y a una situación de abandono e injusticia que sufrían las personas en situación de dependencia y sus familias, la garantía de unas prestaciones básicas para mejorar su calidad de vida.
Es sin duda ésta, la Ley social más importante de la actual legislatura y de las próximas décadas, es una apuesta por la igualdad y solidaridad.
Por ello, quieren saber la actuación que está llevando a cabo el gobierno regional, el estado del proceso, baremaciones etc…
El Sr. Blasco Martínez, señala al respecto que la Ley de Dependencia entra en vigor el 1 de enero del presente año 2007. Pero una cosa es su entrada en vigor y otra es que dicha Ley pueda ser aplicada y a su vez que garantice el principio de igualdad a todos los españoles sean de la Comunidad Autónoma que sean. Por ello el Gobierno de la Nación tenía que regular y garantizar unos mínimos básicos para poner en marcha esta Ley que no son otros que:
1.- Acordar el baremo
2.- Acordar el nivel mínimo de protección
3.- Regular la Seguridad Social de los Cuidadores.
4.- Determinar la intensidad de protección.
5.- Establecer estándares mínimos de calidad
6.- Acordar con las Comunidades Autónomas el sistema de copago y lo último y no por ello lo menos importante, acordar con las Comunidades Autónomas la financiación de lo prometido en la Ley.
Todos estos requisitos fundamentales para poner en marcha una Ley deseada por todos, son necesarios para que la letra de la Ley, tenga su correspondiente música y además, lleve el mismo ritmo. Pero dichos requisitos fueron obviados por el Gobierno de la Nación, y el sábado 21 de abril, cuatro meses después de entrar en vigor la Ley, el Gobierno de la Nación, publica el Baremo e insta a las Comunidades Autónomas a que empiecen a presentar las solicitudes.
O sea, y recapitulando, cuatro meses después de entrar en vigor la Ley, el Gobierno de la Nación nos piden las solicitudes, sin tener ni idea a que tenían derecho los ciudadanos que se les reconociera la condición de dependiente, y por supuesto, sin tener claro como se les reconocería el derecho a las prestaciones.
Al día de hoy, el Gobierno de la Nación ha regulado los cuatro primeros puntos que enunciaba al comienzo de mi intervención y los comunico a mediados de junio, quedando pendientes de regular uno de los puntos más importantes, como se realizará el sistema de copago.
De entrada, esto huele a que el Gobierno de la Nación ha querido poner en marcha una Ley, que no nos engañemos, vende mucho políticamente de cara a las próximas elecciones, sin tener elaborado un proceso normativo mínimo que desarrolle con normalidad e igualdad para todos los ciudadanos esta Ley de Dependencia, de la que todos nos alegramos que se aprobara con el apoyo de todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados.
Pero a todo ésto ¿que ha realizado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?, tan vilipendiada por el Ministro Sr. Caldera, en una de sus vistas a nuestra Región de Murcia.
Habida cuenta de que el proceso de implantación de la Ley de Dependencia consta de dos procedimientos:
1.- Reconocimiento del grado de dependencia
2.- Reconocimiento del derecho a las prestaciones para los que alcancen el Grado III de dependencia.
Nuestra Comunidad Autónoma inició el 1 de Mayo el primer proceso (recordemos que el baremo se publicó sin previa comunicación el día 23 de abril). Tan solo en el mes de mayo se presentaron 3.000 solicitudes que debían resolverse en tres meses, y teníamos el mes de agosto por medio, o sea, como siempre dando facilidades nuestro Gobierno de la Nación. Pues a pesar de todo, todas fueron resueltas y notificadas, dentro del plazo marcado por la Ley.
El segundo proceso, o sea el reconocimiento del derecho de las prestaciones, se ha iniciado el 1 de octubre, siendo informados los Ayuntamientos el pasado 27 de septiembre. Desde esa fecha la Comunidad Autónoma está recibiendo solicitudes e iniciando la apertura de expedientes, y por tanto reconociendo el derecho a las prestaciones antes de que finalice el año, o sea antes de los tres meses que establece la Ley.
Espero que con las fechas y datos aportados en mi exposición y con los mecanismos aportados en los plazos anteriormente mencionados, por el Gobierno de la Nación, puedan comprender que por muy competitiva que sea una administración regional, que la nuestra lo es, no se pueda venir a Murcia a decir que esta Comunidad no ha enviado nada, cuando sabía perfectamente el señor Caldera, que publicando el baremo a finales de abril y con los dos periodos de tres meses que habían que cubrir, difícilmente se podían hacer milagros. Pero queda muy bien ante los medios de comunicación.
Pero puestos a decirlo todo, podemos seguir contando como está al día de hoy, nuestra Ley de Dependencia, aprobada en enero y vendida por el señor ministro Caldera en Murcia hace unos meses.
El articulo 10.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, establece que la participación de las Administraciones Públicas en la financiación de las prestaciones de la Ley de Dependencia, se efectuará a través de los correspondientes convenios.
El primer borrador de convenio se remitió a la Consejería de Política Social a primeros de septiembre. El último se remitió el día 23 de octubre, pero además con una discrepancia importante y considerable. El señor ministro anuncia en los medios de comunicación que se cofinanciará al 50% a todos los dependientes tal y como dice el art. 32 de la citada Ley y con las Comunidades Autónomas pretende firmar un convenio con una cantidad a un tanto alzado.
Veamos las cifras, con los datos que el Imserso manejó en la elaboración del Libro Blanco sobre personas en situación de dependencia en la Región de Murcia, los números arrojan una cantidad superior a 5.500 personas dependientes de Grado III.
Según los números propuestos por la Administración del Estado, el Ministerio ha dicho que con la aportación de 507 €/mes que aporte cada administración, o sea un total de 1.014 €/mes se cubren las necesidades de estas personas, aunque sabemos que las residencias están entre 1.500 y 2.000 €/mes. Pero ciñéndonos a los datos, esto supondría que:
5.500 x 507 € x 12 meses = 33.462.000 €/ año
La Administración General del Estado, pretende pagar tan sólo 5.800.000 €. y el resto que lo aporte la Comunidad Autónoma, o sea, unos 28.000.000 € anuales que les correspondería al Ministerio mas los 33.500.000 € que le corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia y a todo ésto habría que sumarle con cargo a los fondos autonómicos los gastos de personal e inversiones.
Si a todo lo anteriormente expuesto, añadimos que el pasado 19 de octubre el Imserso comunicó a las Comunidades Autónomas el cambio de criterio argumentando que ya no es necesario tener reconocidas prestaciones y que basta con el reconocimiento del grado de dependencia para que aporten ellos el nivel mínimo garantizado, es decir 250 o 170 € según grado y nivel reconocido, podemos llegar a la conclusión que desde que aprobaron la Ley no tenían claro como ponerla en marcha porque no habían arbitrado los mecanismos necesarios para ello y que independientemente de lo que dijera el Sr. Ministro en los medios de comunicación, su departamento seguía negociando con las Comunidades Autónomas los criterios para que todo funcionara con normalidad.
El Ministerio no ha librado fondos para esta Ley, porque nadie podía cumplir los requisitos que habían impuesto y al ver que se cumple un año de la entrada en vigor de dicha Ley y de que no se han librado fondos, ha decidido cambiar criterios y telefónicamente empiezan a coordinar con los departamentos autonómicos como agilizar el tema. Algo que las Comunidades Autónomas demandaban durante todo el año, empieza el Ministerio a darse cuenta ahora que concluye el año y las elecciones se les echa encima.
Así que desde el 19 de octubre, casi 10 meses después de que entrara en vigor la Ley, la Comunidad Autónoma conoce los datos que tiene que remitir al Ministerio, y se produjo una reunión de urgencia con el Imserso el pasado 14 de noviembre.
A la Comunidad Autónoma se le podrá acusar de lo que se quiera, pero de no ser diligente, No. Y pretender decir que ningún murciano ha recibido la prestación, cuando sabe perfectamente el señor Ministro que al día de hoy no se han librado fondos alguno para dicha prestación, es algo que raya lo surrealista.
En una segunda intervención, la Sra. Saurín Riquelme señala que las cantidades se pagarán “moitié moitié” (mitad y mitad), mitad Zapatero, mitad Valcárcel, cuando ustedes manden los baremos al Ministerio de Trabajo.
Aclara que antes de la aprobación de la Ley, el Sr. Zapatero, en el año 2006, ya había mandado 6 millones de euros, 11 millones para el 2007 y 30 millones para el próximo 2008.
El Sr. Bascuñana, sigue esperando la posibilidad de recibir 2 ó 3 millones más, y a nosotros nos parece bueno todo lo que obtenga Murcia, cuanto más mejor. Así lo reconoce y queda recogido en el diario de sesiones de la Asamblea Regional.
El Sr. Blasco Martínez, argumenta que es un debate entre dos administraciones que no compete a nosotros, no hay que entrar en discusiones sobre lo que no se puede decidir, va a ser estéril, las posturas van a estar enfrentadas sobre como ejecutar la Ley.
La Sra. Saurín Riquelme, entiende que se equivoca sobre esta última afirmación, es una materia que compete a todos, porque somos españoles y murcianos y no vivimos en la estepa rusa, es cuestión del Gobierno central, regional y local, todos vivimos aquí, en Abanilla, según dicen se han baremados 126 casos, por lo tanto, nos importa y mucho este asunto.
Lo cierto es que ustedes han boicoteado la Ley, Esperanza Aguirre, en Madrid, el Sr. Valcárcel en Murcia.
No han trabajado sobre el tema, en la reunión del Consejo Territorial de fecha 22 de enero de este año, la Sra. Cristina Rubio se negó a votar asuntos como la constitución del Consejo de la Dependencia y su reglamento interno, el baremo y criterios de evaluación.
Le pregunta a la Sra. Cutillas Rocamora sobre la compatibilidad de las horas que se prestan desde la Mancomunidad y la Ley, contestando ésta, en sentido negativo, e indicando que sólo con la teleasistencia.
Se pongan como se pongan , en Andalucía ya están cobrando y aquí se llevará a cabo con carácter retroactivo desde el 1 de abril.
Le replica el Sr. Blasco Martínez, que alude a Andalucía, Comunidad del mismo signo, Murcia no negocia lo que no interesa a los murcianos, las Comunidades socialistas tendrán el dinero que necesiten, las populares tendrán que luchar y negociar.
Ceuta y Melilla, que dependen del Imserso, son las más retrasadas.
Una vez finalizadas las intervenciones, se pasa a la votación de la proposición, que es RECHAZADA con el siguiente resultado, ocho (8) votos en contra correspondientes al Grupo Municipal Popular y cinco (5) a favor, pertenecientes al Grupo Municipal Socialista.
Pronto se va a cumplir el año de la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, más conocida en la vida cotidiana como Ley de Dependencia, y que sin duda es uno de los pilares fundamentales de un estado de bienestar social, impulsada desde el gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta ley le encarga a las Comunidades Autónomas la tarea de gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia, así como la de aportar a la Administración del Estado la información necesaria para la aplicación de los criterios de financiación previstos en el texto legal. Desde el 1 de enero de 2007 tienen derecho a recibir las ayudas de la ley aquellas personas que sean valoradas por los técnicos de la Comunidad Autónoma con un Grado III, es decir, que se les clasifique como personas de Gran Dependencia. En Abanilla hay muchas personas que han solicitado la ayuda pero que no han sido valoradas, lo que sin duda es una dejadez por parte de la Administración autonómica murciana, ya que al día de la fecha no están valoradas las personas solicitantes de la ayuda y en consecuencia, no se ha podido remitir a la Administración del Estado la información que se exige. Por ello el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno municipal de Abanilla una proposición para que por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia se aceleren al máximo las valoraciones de las personas solicitantes de las ayudas, remitiendo de inmediato los expedientes al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que de esta manera lleguen las ayudas a nuestro municipio lo antes posible.
Comienza la defensa de la propuesta la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, indicando que el Presidente del Gobierno dice que “la auténtica riqueza de una sociedad es la que mide el bienestar social de los ciudadanos”.
No cabe duda que el gobierno socialista ha dado respuesta a una reivindicación histórica y a una situación de abandono e injusticia que sufrían las personas en situación de dependencia y sus familias, la garantía de unas prestaciones básicas para mejorar su calidad de vida.
Es sin duda ésta, la Ley social más importante de la actual legislatura y de las próximas décadas, es una apuesta por la igualdad y solidaridad.
Por ello, quieren saber la actuación que está llevando a cabo el gobierno regional, el estado del proceso, baremaciones etc…
El Sr. Blasco Martínez, señala al respecto que la Ley de Dependencia entra en vigor el 1 de enero del presente año 2007. Pero una cosa es su entrada en vigor y otra es que dicha Ley pueda ser aplicada y a su vez que garantice el principio de igualdad a todos los españoles sean de la Comunidad Autónoma que sean. Por ello el Gobierno de la Nación tenía que regular y garantizar unos mínimos básicos para poner en marcha esta Ley que no son otros que:
1.- Acordar el baremo
2.- Acordar el nivel mínimo de protección
3.- Regular la Seguridad Social de los Cuidadores.
4.- Determinar la intensidad de protección.
5.- Establecer estándares mínimos de calidad
6.- Acordar con las Comunidades Autónomas el sistema de copago y lo último y no por ello lo menos importante, acordar con las Comunidades Autónomas la financiación de lo prometido en la Ley.
Todos estos requisitos fundamentales para poner en marcha una Ley deseada por todos, son necesarios para que la letra de la Ley, tenga su correspondiente música y además, lleve el mismo ritmo. Pero dichos requisitos fueron obviados por el Gobierno de la Nación, y el sábado 21 de abril, cuatro meses después de entrar en vigor la Ley, el Gobierno de la Nación, publica el Baremo e insta a las Comunidades Autónomas a que empiecen a presentar las solicitudes.
O sea, y recapitulando, cuatro meses después de entrar en vigor la Ley, el Gobierno de la Nación nos piden las solicitudes, sin tener ni idea a que tenían derecho los ciudadanos que se les reconociera la condición de dependiente, y por supuesto, sin tener claro como se les reconocería el derecho a las prestaciones.
Al día de hoy, el Gobierno de la Nación ha regulado los cuatro primeros puntos que enunciaba al comienzo de mi intervención y los comunico a mediados de junio, quedando pendientes de regular uno de los puntos más importantes, como se realizará el sistema de copago.
De entrada, esto huele a que el Gobierno de la Nación ha querido poner en marcha una Ley, que no nos engañemos, vende mucho políticamente de cara a las próximas elecciones, sin tener elaborado un proceso normativo mínimo que desarrolle con normalidad e igualdad para todos los ciudadanos esta Ley de Dependencia, de la que todos nos alegramos que se aprobara con el apoyo de todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados.
Pero a todo ésto ¿que ha realizado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?, tan vilipendiada por el Ministro Sr. Caldera, en una de sus vistas a nuestra Región de Murcia.
Habida cuenta de que el proceso de implantación de la Ley de Dependencia consta de dos procedimientos:
1.- Reconocimiento del grado de dependencia
2.- Reconocimiento del derecho a las prestaciones para los que alcancen el Grado III de dependencia.
Nuestra Comunidad Autónoma inició el 1 de Mayo el primer proceso (recordemos que el baremo se publicó sin previa comunicación el día 23 de abril). Tan solo en el mes de mayo se presentaron 3.000 solicitudes que debían resolverse en tres meses, y teníamos el mes de agosto por medio, o sea, como siempre dando facilidades nuestro Gobierno de la Nación. Pues a pesar de todo, todas fueron resueltas y notificadas, dentro del plazo marcado por la Ley.
El segundo proceso, o sea el reconocimiento del derecho de las prestaciones, se ha iniciado el 1 de octubre, siendo informados los Ayuntamientos el pasado 27 de septiembre. Desde esa fecha la Comunidad Autónoma está recibiendo solicitudes e iniciando la apertura de expedientes, y por tanto reconociendo el derecho a las prestaciones antes de que finalice el año, o sea antes de los tres meses que establece la Ley.
Espero que con las fechas y datos aportados en mi exposición y con los mecanismos aportados en los plazos anteriormente mencionados, por el Gobierno de la Nación, puedan comprender que por muy competitiva que sea una administración regional, que la nuestra lo es, no se pueda venir a Murcia a decir que esta Comunidad no ha enviado nada, cuando sabía perfectamente el señor Caldera, que publicando el baremo a finales de abril y con los dos periodos de tres meses que habían que cubrir, difícilmente se podían hacer milagros. Pero queda muy bien ante los medios de comunicación.
Pero puestos a decirlo todo, podemos seguir contando como está al día de hoy, nuestra Ley de Dependencia, aprobada en enero y vendida por el señor ministro Caldera en Murcia hace unos meses.
El articulo 10.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, establece que la participación de las Administraciones Públicas en la financiación de las prestaciones de la Ley de Dependencia, se efectuará a través de los correspondientes convenios.
El primer borrador de convenio se remitió a la Consejería de Política Social a primeros de septiembre. El último se remitió el día 23 de octubre, pero además con una discrepancia importante y considerable. El señor ministro anuncia en los medios de comunicación que se cofinanciará al 50% a todos los dependientes tal y como dice el art. 32 de la citada Ley y con las Comunidades Autónomas pretende firmar un convenio con una cantidad a un tanto alzado.
Veamos las cifras, con los datos que el Imserso manejó en la elaboración del Libro Blanco sobre personas en situación de dependencia en la Región de Murcia, los números arrojan una cantidad superior a 5.500 personas dependientes de Grado III.
Según los números propuestos por la Administración del Estado, el Ministerio ha dicho que con la aportación de 507 €/mes que aporte cada administración, o sea un total de 1.014 €/mes se cubren las necesidades de estas personas, aunque sabemos que las residencias están entre 1.500 y 2.000 €/mes. Pero ciñéndonos a los datos, esto supondría que:
5.500 x 507 € x 12 meses = 33.462.000 €/ año
La Administración General del Estado, pretende pagar tan sólo 5.800.000 €. y el resto que lo aporte la Comunidad Autónoma, o sea, unos 28.000.000 € anuales que les correspondería al Ministerio mas los 33.500.000 € que le corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia y a todo ésto habría que sumarle con cargo a los fondos autonómicos los gastos de personal e inversiones.
Si a todo lo anteriormente expuesto, añadimos que el pasado 19 de octubre el Imserso comunicó a las Comunidades Autónomas el cambio de criterio argumentando que ya no es necesario tener reconocidas prestaciones y que basta con el reconocimiento del grado de dependencia para que aporten ellos el nivel mínimo garantizado, es decir 250 o 170 € según grado y nivel reconocido, podemos llegar a la conclusión que desde que aprobaron la Ley no tenían claro como ponerla en marcha porque no habían arbitrado los mecanismos necesarios para ello y que independientemente de lo que dijera el Sr. Ministro en los medios de comunicación, su departamento seguía negociando con las Comunidades Autónomas los criterios para que todo funcionara con normalidad.
El Ministerio no ha librado fondos para esta Ley, porque nadie podía cumplir los requisitos que habían impuesto y al ver que se cumple un año de la entrada en vigor de dicha Ley y de que no se han librado fondos, ha decidido cambiar criterios y telefónicamente empiezan a coordinar con los departamentos autonómicos como agilizar el tema. Algo que las Comunidades Autónomas demandaban durante todo el año, empieza el Ministerio a darse cuenta ahora que concluye el año y las elecciones se les echa encima.
Así que desde el 19 de octubre, casi 10 meses después de que entrara en vigor la Ley, la Comunidad Autónoma conoce los datos que tiene que remitir al Ministerio, y se produjo una reunión de urgencia con el Imserso el pasado 14 de noviembre.
A la Comunidad Autónoma se le podrá acusar de lo que se quiera, pero de no ser diligente, No. Y pretender decir que ningún murciano ha recibido la prestación, cuando sabe perfectamente el señor Ministro que al día de hoy no se han librado fondos alguno para dicha prestación, es algo que raya lo surrealista.
En una segunda intervención, la Sra. Saurín Riquelme señala que las cantidades se pagarán “moitié moitié” (mitad y mitad), mitad Zapatero, mitad Valcárcel, cuando ustedes manden los baremos al Ministerio de Trabajo.
Aclara que antes de la aprobación de la Ley, el Sr. Zapatero, en el año 2006, ya había mandado 6 millones de euros, 11 millones para el 2007 y 30 millones para el próximo 2008.
El Sr. Bascuñana, sigue esperando la posibilidad de recibir 2 ó 3 millones más, y a nosotros nos parece bueno todo lo que obtenga Murcia, cuanto más mejor. Así lo reconoce y queda recogido en el diario de sesiones de la Asamblea Regional.
El Sr. Blasco Martínez, argumenta que es un debate entre dos administraciones que no compete a nosotros, no hay que entrar en discusiones sobre lo que no se puede decidir, va a ser estéril, las posturas van a estar enfrentadas sobre como ejecutar la Ley.
La Sra. Saurín Riquelme, entiende que se equivoca sobre esta última afirmación, es una materia que compete a todos, porque somos españoles y murcianos y no vivimos en la estepa rusa, es cuestión del Gobierno central, regional y local, todos vivimos aquí, en Abanilla, según dicen se han baremados 126 casos, por lo tanto, nos importa y mucho este asunto.
Lo cierto es que ustedes han boicoteado la Ley, Esperanza Aguirre, en Madrid, el Sr. Valcárcel en Murcia.
No han trabajado sobre el tema, en la reunión del Consejo Territorial de fecha 22 de enero de este año, la Sra. Cristina Rubio se negó a votar asuntos como la constitución del Consejo de la Dependencia y su reglamento interno, el baremo y criterios de evaluación.
Le pregunta a la Sra. Cutillas Rocamora sobre la compatibilidad de las horas que se prestan desde la Mancomunidad y la Ley, contestando ésta, en sentido negativo, e indicando que sólo con la teleasistencia.
Se pongan como se pongan , en Andalucía ya están cobrando y aquí se llevará a cabo con carácter retroactivo desde el 1 de abril.
Le replica el Sr. Blasco Martínez, que alude a Andalucía, Comunidad del mismo signo, Murcia no negocia lo que no interesa a los murcianos, las Comunidades socialistas tendrán el dinero que necesiten, las populares tendrán que luchar y negociar.
Ceuta y Melilla, que dependen del Imserso, son las más retrasadas.
Una vez finalizadas las intervenciones, se pasa a la votación de la proposición, que es RECHAZADA con el siguiente resultado, ocho (8) votos en contra correspondientes al Grupo Municipal Popular y cinco (5) a favor, pertenecientes al Grupo Municipal Socialista.
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