Pelotazo redondo
• Comprar suelo agrícola y poder luego edificar en él es el negocio más lucrativo de la construcción. Eso consiguieron dos ingenieros de Abanilla, una población murciana de 6.600 habitantes. El pelotazo no podía fallar, porque ellos mismos estaban dentro del ayuntamiento que lo aprobaría.
• Comprar suelo agrícola y poder luego edificar en él es el negocio más lucrativo de la construcción. Eso consiguieron dos ingenieros de Abanilla, una población murciana de 6.600 habitantes. El pelotazo no podía fallar, porque ellos mismos estaban dentro del ayuntamiento que lo aprobaría.
Reportaje por: Daniel MONTERO
Fotos: Ramón MOURELLE
31/08/09
Era la primavera de 2004 cuando el ingeniero José Enrique Pérez acudió al despacho que el notario Carlos Peñafiel tiene en la calle Condestable de Murcia. Allí, junto a su mujer y a otro matrimonio, compró una finca tan grande como 36 campos de fútbol. El terreno –ubicado en Abanilla– era un secarral agrícola. La normativa del pueblo dictaba que allí no se podía construir. Pero las cosas pueden cambiar. Y cambiaron.
Fotos: Ramón MOURELLE
31/08/09
Era la primavera de 2004 cuando el ingeniero José Enrique Pérez acudió al despacho que el notario Carlos Peñafiel tiene en la calle Condestable de Murcia. Allí, junto a su mujer y a otro matrimonio, compró una finca tan grande como 36 campos de fútbol. El terreno –ubicado en Abanilla– era un secarral agrícola. La normativa del pueblo dictaba que allí no se podía construir. Pero las cosas pueden cambiar. Y cambiaron.
El ingeniero, funcionario del Ayuntamiento de Murcia, trabajaba desde 2001 como asesor urbanístico del Ayuntamiento de Abanilla, donde adquirió el suelo de cultivo. Dos meses después de la compra, el Ayuntamiento de Abanilla llevó a pleno la aprobación inicial de su Plan General Municipal de Ordenación. Abanilla, con 6.680 habitantes, recalificó suelo para albergar a 123.000 personas. Con el voto favorable de todos los concejales del PP, confirmó a José Enrique Pérez como máximo responsable de ordenar su territorio. Sobre el papel, José Enrique Pérez no tenía intereses en la zona, ya que pese a comprar los terrenos, no los inscribió en el registro de la propiedad hasta después de la decisión municipal. Así, bajo la responsabilidad del ingeniero –que ha declinado contestar a las preguntas de interviú– y su equipo quedó la posibilidad de recalificar su propio suelo. O al menos la oportunidad de proponerlo, ya que la última palabra estaba en manos del ayuntamiento y el Gobierno murciano, ambos en manos del PP. Los responsables municipales de Abanilla tampoco han aportado explicación alguna.
El 21 de abril de 2005, un año después de que arrancara el proyecto, quedó aprobado de forma provisional el plan urbanístico. El Ayuntamiento de Abanilla confirmó la recalificación de 2.000 hectáreas y le dio traslado al Gobierno murciano para que lo refrendara. El texto comprendía el cambio de uso a urbanizable de 360.000 metros. Eran los terrenos del ingeniero y sus socios. Según las estimaciones de los técnicos, el precio medio del suelo para construir rondaba en Abanilla los 200 euros el metro cuadrado. Con esos baremos, antes de la crisis, la finca valdría 76 millones de euros. Cuando era agrícola, el Banco Santander tasó la propiedad en 982.534 euros.
El ayuntamiento ya había pactado con los propietarios del terreno a título particular. Sin embargo, el nombre del ingeniero tampoco figura en ese acuerdo. En su lugar, rubrica el convenio su socio, José Manuel Solano. El documento fue registrado por el ayuntamiento con el número 9 entre 22. El anterior, que afecta al paraje de Las Lomas, se relaciona también con otro ingeniero redactor del plan. Esta vez el convenio fue promovido, según la documentación oficial, por Construcciones Pérez Manzanera, una sociedad domiciliada en San Javier. Como administrador solidario de la empresa figura junto a su hermano Francisco el ingeniero Miguel Pérez Manzanera, redactor de la declaración de impacto ambiental de las recalificaciones aprobadas de Abanilla.
Red de mentiras
Dos años después sonó el teléfono del PSOE de Abanilla. Era verano de 2006 y un compañero del Ayuntamiento de Murcia les informaba de que José Enrique Pérez, redactor del plan urbanístico del pueblo, trabajaba también allí. Según la Ley de Incompatibilidades de las Administraciones Públicas, los funcionarios tienen que solicitar una autorización para tener un segundo empleo. Así que el PSOE solicitó al consistorio de Murcia la prueba de que el ingeniero tenía permiso para hacer doblete.
Dos años después sonó el teléfono del PSOE de Abanilla. Era verano de 2006 y un compañero del Ayuntamiento de Murcia les informaba de que José Enrique Pérez, redactor del plan urbanístico del pueblo, trabajaba también allí. Según la Ley de Incompatibilidades de las Administraciones Públicas, los funcionarios tienen que solicitar una autorización para tener un segundo empleo. Así que el PSOE solicitó al consistorio de Murcia la prueba de que el ingeniero tenía permiso para hacer doblete.
El 26 de julio, un mes después de la llamada, el Ayuntamiento de Murcia remitió una lista de sus ocho funcionarios autorizados para trabajar en segunda actividad. Allí no estaba el nombre del ingeniero. El PSOE pidió explicaciones al Ayuntamiento de Abanilla, que contestó por firma del alcalde en funciones, José Antonio Blasco Martínez. El consistorio aportó un documento firmado en apariencia por el secretario del pleno del Ayuntamiento de Murcia. En él se autorizaba al ingeniero para trabajar también en el pueblo. Pero el documento levantó varias sospechas. El nombre del funcionario que lo firmaba estaba mal escrito. No concretaba la fecha en la que el pleno municipal aprobó el permiso. Y chocaba con la información aportada por el Ayuntamiento de Murcia. Al final, el documento resultó ser falso, según reconoció el propio ingeniero en su declaración en el juzgado.
El Partido Socialista denunció los hechos y el Juzgado de Instrucción número 1 de Cieza abrió diligencias. El 18 de mayo de 2008 acudió a declarar el secretario municipal de Abanilla, Miguel Castillo, en calidad de imputado. Allí explicó que el documento fraudulento fue aportado por el ingeniero tras la petición del PSOE “porque el ayuntamiento no tenía ningún documento que certificara la compatibilidad”. Un día después pasó por el juzgado el número dos del Ayuntamiento, José Antonio Blasco (PP). Aseguró ante el juez que firmó lo que le dio el secretario sin leerlo. Por su parte, el ingeniero explicó al juez que entregó un documento falso movido por las prisas y con el convencimiento de que lo que hacía era una infracción administrativa, y no un delito.
El PSOE local ha aportado a la causa otros 21 documentos municipales, firmados por el alcalde, Fernando Molina, donde certifica que el ingeniero tiene la compatibilidad para participar en varias obras del municipio desde hace ocho años.
Papeles ‘perdidos’
El 3 de marzo de 2008, María Dolores Saurín, portavoz del PSOE de Abanilla, presentó un recurso contra una decisión de la Consejería de Urbanismo del Gobierno murciano. Diez días antes, el Boletín Oficial de la Región publicaba la aprobación parcial del Plan Urbanístico del pueblo. Tres días después, la consejería contestó. Los funcionarios requerían a la portavoz municipal que acreditara su condición de concejala. Ella lo hizo. Y esperó.
El 3 de marzo de 2008, María Dolores Saurín, portavoz del PSOE de Abanilla, presentó un recurso contra una decisión de la Consejería de Urbanismo del Gobierno murciano. Diez días antes, el Boletín Oficial de la Región publicaba la aprobación parcial del Plan Urbanístico del pueblo. Tres días después, la consejería contestó. Los funcionarios requerían a la portavoz municipal que acreditara su condición de concejala. Ella lo hizo. Y esperó.
Un año después, el PSOE se interesó por la marcha de su recurso. Todo estaba parado por causas burocráticas. Según la versión oficial, los documentos que acreditaban la condición de concejala de María Dolores Saurín habían desaparecido. No figuraban como presentados en el expediente, así que los técnicos ni siquiera miraron sus alegaciones.
Pero los documentos sí llegaron en plazo. La copia que obra en poder de la concejala de la oposición tiene registro de entrada en el organismo el 12 de mayo de 2008.
Publicado también en VEGAMEDIA PRESS
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