EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, responde a la necesidad de garantizar a los ciudadanos, y a las propias Comunidades Autónomas, un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, la valoración del Observatorio de la Dependencia pone a nuestra Comunidad Autónoma en una muy mala posición en cuanto a la implantación del sistema, con una puntuación de un uno. No se ha regulado el procedimiento, ni las incompatibilidades, tampoco el copago y se produce indefensión de los ciudadanos que tienen derecho al reconocimiento y atención del derecho subjetivo que reconoce la norma.
En Abanilla existen un número importante de ciudadanos que habiendo solicitado que se les reconociera ese derecho subjetivo, aún no tienen respuesta por parte de la Administración Regional.
Recientemente, el Secretario General de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, expuso públicamente que los retrasos en atender a la ciudadanía tenían que ver con la tardanza en la elaboración del informe social por parte de los Ayuntamientos, que retrasaban mucho el procedimiento. Esta afirmación centra la responsabilidad en los Ayuntamientos.
Dado que el impulso y resolución del procedimiento dependen de la Administración Regional, competente para dictaminar la valoración y el reconocimiento de la prestación; no procede concentrar la responsabilidad en la tardanza en los Ayuntamientos y sí, en la Administración Regional.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno que se adopte el siguiente
ACUERDO:
Único.- Exigir al Gobierno Municipal del Partido Popular, para que inste al Gobierno Regional a que cumpla el plazo de seis meses que establece la LRJPAC, para resolver los expedientes relativos a la valoración de grado y concesión de prestaciones al amparo de la Ley 39/2006, evitando crear indefensión a los ciudadanos y concediendo derechos subjetivos proclamados
por Ley, a los que tienen derecho.
Se le concede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, expresando que poco más tienen que añadir a lo que han presentado en la moción, ya que es lo suficientemente clara, sólo va a realizar unas puntualizaciones:
No hay normativa de procedimiento en la Región para aplicar la Ley de Dependencia. No se regulan aspectos como los plazos, el copago o incompatibilidades.
Se provoca indefensión a los ciudadanos y agravios comparativos, ocultan información, existe oscurantismo y manipulación de los datos.
En resumidas cuentas, desde el principio esta Ley ha tenido mal acogida en nuestra Región, como Uds. dicen, su frase ya famosa en esta sala de plenos:
“Ustedes invitan y nosotros pagamos”.
No Sr. Portavoz, nosotros invitamos al aperitivo, a la comida, al postre y Ustedes si acaso y a base de insistir al café.
De momento, les diremos que el Gobierno de la Nación para 2008 envió 5.716 millones de euros y en 2009 la cantidad de 6.886 millones de euros, casi un 17,51 % más y el Sr. Valcárcel ¿saben Ustedes lo que ha puesto?, eso es un secreto de estado que ni él sabe.
Han hecho caja, recibiendo más dinero del que han utilizado, que fiscalizará el Tribunal de Cuentas.
Han planteado problemas desde el principio y siguen estando, mire Usted:
- Sin ajustarse a la Ley de Dependencia, que expresamente dice que los valorados, tienen que ser funcionarios públicos, en la Región de Murcia, las valoraciones las han hecho Fisioterapeutas, a través de un convenio entre la CARM y el colegio profesional, cobrando 30 euros por valoración, trabajo en precario, no tenían relación contractual. Ellos hacían la valoración y luego el servicio de valoración de la CARM firmaba en función de ese informe (toda España conoce este hecho, ha salido en prensa y en los Consejos Territoriales).
Todo esto hace que el retraso sea aún mayor, tenemos que decir que según nuestros datos existen personas que solicitaron la valoración en 2007-2008 y aún no tienen respuesta.'
Pero no sólo lo decimos nosotros, el mismo Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, el Sr. Ruiz Abellán, ha criticado la atención a los ciudadanos y la confusión del sistema de esta Región.
Pero es que las Entidades Locales sobrecargadas de trabajo reciben las solicitudes, la documentación, hacen el informe social y más y están callados sin rechistar, como son del Partido Popular no pueden manifestarse e incluso los culpan de estos retrasos (declaraciones del Sr. Fernando Mateo, nuevo Consejero de Política Social) y siguen callados y sin hacer ruido.
Uno de los problemas que tienen Ustedes es que mezclan Red Pública de Servicios Sociales, Discapacidad, Mayores y no todos son dependientes, por eso a veces les faltan los datos.
Para concluir, diremos que según e! Observatorio da la Dependencia, obtienen una de las peores valoraciones el escuadrón formado por Canarias, Madrid, Murcia y Valencia, menuda alianza, pero se están creando plataformas para el apoyo a estas personas, páginas web y muchas, están recurriendo a los tribunales para exigir sus derechos.
Por lo tanto, lo que pedimos es que apoyen nuestra moción, para que se cumplan los 6 meses de plazo que se establece para resolver los expedientes relativos a la valoración de grado y concesión de prestaciones al amparo de la Ley 39/2006, evitando crear indefensión a los ciudadanos y concederles también sus derechos subjetivos proclamados por Ley, a los que tienen derecho, en definitiva.
Se trata de agilizar toda la tramitación y esto también depende de las entidades locales y no dar lugar a que los beneficiarios se hayan muerto cuando les venga el dinero, que entonces ya no les sirve para nada porque el objetivo de esta Ley es garantizar su bienestar y atención personal cuando todavía la pueden disfrutar.
Muestra un documento que recoge cifras relativas a las solicitudes formuladas en los meses de febrero y marzo y su correspondencia con el bajo porcentaje de expedientes resueltos.
La Sra. Cutillas Rocamora, interviene señalando al respecto que aún siendo los primeros interesados en el cumplimiento estricto de los plazos marcados por Ley, no vamos a instar al Gobierno Regional en cuanto a que cumpla el plazo de los seis meses establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), puesto que los plazos se cumplen. Aunque habría que considerar que es inevitable el requerimiento de documentación que ocasiona el retraso de dichos plazos, para poner un ejemplo entendible, suele ocurrir que se envíe un DNI que no esté en vigor, una fotocopia de la primera hoja de la cartilla del banco en la que el dependiente no es el titular, esto retrasa indiscutiblemente los plazos.
Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Abanilla lo que procuramos es que a través de los técnicos dedicados a la dependencia en la Mancomunidad, toda la tramitación de los expedientes se realice con la mayor brevedad posible.
No hay ningún informe oficial que muestre la veracidad en nuestra Comunidad Autónoma de una mala gestión en la aplicación de la Ley de la Dependencia. De hecho, tal y como ha mencionado el Director de la Oficina de la Dependencia de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, todavía no se ha recabado por parte del Observatorio de la Dependencia información alguna en cuanto a solicitudes, resoluciones de grado etc.. por lo que sorprende la baja puntuación por dicho Observatorio, cuando a estas alturas no hay ninguna publicación oficial donde figuren los tiempos medios que tarda cada Comunidad Autónoma en resolver sus expedientes. Tenemos que añadir que es contradictorio cuando hemos recibido las felicitaciones en cuanto a ejemplo en nuestra Región en el modo de aplicación de la Ley de la Dependencia, de la Ministra de Sanidad y Política Social actual y de la anterior, así como por parte de la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España.
La Sra. Saurín Riquelme, reitera la falta de norma reglamentaria que regule el procedimiento, los datos que ha dado están ahí, publicados por la Consejería.
Todo el problema viene determinado por la falta de regulación, hasta el Defensor del Pueblo crítica esta situación.
El Grupo Popular se tiene que callar porque así lo dice Murcia.
El Sr. Alcalde, indica que las posturas están claras.
No entiende que si las ministras felicitan a Murcia, se diga que se hace una mala gestión.
Desde la Mancomunidad de Servicios Sociales se está realizando una gran labor, no existen quejas al respecto.
El Sr. Cutillas Rocamora, apunta que la Ministra felicitó el último esfuerzo que se está haciendo, no el seguimiento global que se ha realizado.
La Sra. Concejala de Acción Social, añade que al Defensor del Pueblo han llegado sólo 30 quejas sobre un total de más de 50.000 solicitudes.
El Sr. Alcalde, reitera que prácticamente no existen quejas, los técnicos de la Mancomunidad están haciendo un gran trabajo.
A continuación, se pasa a la votación del asunto, resultando RECHAZADO, con los votos a favor correspondientes a los emitidos por los miembros del Grupo Municipal Socialista, cinco (5), y siete (7) en contra, pertenecientes a los miembros del Grupo Municipal Popular.
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